Por Noelia D.
Con estudios en Ciencias Jurídicas, cuenta con más de 25 años de experiencia en el área de Derecho Penal y Derechos Humanos. Funcionara pública de vocación que se ha desempeñado en la tramitación de procesos judiciales para determinar el paradero y circunstancias de desaparición o muerte de las personas detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas durante la dictadura en Chile.
Antonio Llidó Mengual fue un maestro y sacerdote católico, natural de Valencia. El año 1969 se radicó en Chile, siendo destinado por la iglesia católica a Quillota, lugar donde afirmó su compromiso con los más vulnerables. Allí manifestó la necesidad de reconocimiento de la dignidad inherente a todo ser humano, la cual debía hacerse presente en proposiciones concretas, que trajeran soluciones a sus necesidades y los problemas cotidianos. Por ello, trabajó en pro de formar a la comunidad y despertar su conciencia de dignidad como seres humanos, invitarlos a pensar por sí mismos y asumir responsabilidades personales y sociales.
Antonio Llidó participó en la fundación y desarrollo del movimiento llamado Cristianos por el Socialismo, vinculación por la cual fue sancionado el año 1972 por el obispado de Valparaíso. Sin perjuicio de lo anterior, decidió permanecer en Chile, opción que reafirmó incluso después del golpe de Estado, trasladándose a Santiago para participar en la resistencia clandestina. Parte importante del legado de Antonio Llidó, fue cómo vivió su compromiso con Jesucristo, forjando en su camino amigos, proyectos y un testimonio de fe radical.
Es evidente que el trabajo de algunas personas consiste en multiplicar el tiempo por dos, o por tres. Antonio Llidó vivió su vida en ciclos cortos e intensos: cinco años de trabajo como párroco y maestro en Quatretondeta y Balones, localidades rurales en las montañas del interior de Valencia (1963–1967), seguido por un año en el hospital militar de El Ferrol (1967–1968). Luego, en su llegada a Chile trabajó como sacerdote en Quillota (1969–1972) y después del relevo de sus labores sacerdotales, su traslado a la capital para apoyar la resistencia tras el golpe militar de septiembre de 1973.
Otro año más, hasta su detención y desaparición el 1 de octubre de 1974 en manos de agentes de la DINA, quienes lo sometieron a brutales torturas en el recinto clandestino ubicado en José Domingo Cañas. A pesar de encontrarse en pésimas condiciones por los golpes y descargas eléctricas recibidas, en lo que duró su detención no cesó de dar aliento a los otros prisioneros, animándoles a resistir y tener fe en el buen Dios.
Estas fueron las palabras proferidas en 1980 por uno de los detenidos con quien Antonio Llidó compartió prisión en el centro de detención de Cuatro Álamos, siendo uno de los últimos que lo viera antes de su desaparición:
“—Una mañana, alrededor del 25 de octubre y después de muchos días tranquilos, entró la guardia muy temprano a buscar a un grupo de muchachos, entre ellos dos heridos que he mencionado antes —explicó—Al poco rato volvieron por un grupo adicional, recuerdo a un arquitecto y un sociólogo. Todavía tengo en la retina la forma apresurada de cómo Antonio, medio dormido todavía, se vistió y se puso en fila y nos miraba tranquilo, mientras nosotros nos hacíamos la ilusión de que quizás los llevaban a la sección de ‘libre plática’”.
Este testigo dejó en forma de poesía aquel momento:
“Se lo llevaron una mañana
con varios otros, todos de la pieza trece,
con el Rabito de dientes grandes
y tanta alegría,
con el cura Antonio Llidó,
al que quemaron la saliva y le rompieron las costillas
para que delatara a sus compañeros,
al que pateaban
porque no se cagó en la parrilla…”
“No me pidan nunca más que abandone Chile”, dijo Antonio a sus compañeros en el periodo más duro de la represión. No abandonó. Murió “desaparecido” en Chile a la edad de 38 años. Es el único sacerdote detenidodesaparecido de los seis asesinados en dictadura.
Proceso judicial
En enero de 1992, la familia de Antonio Llidó presentó una querella para investigar su desaparición. Sin embargo, en noviembre de 1996, el caso fue sobreseído de manera total y definitiva. No conformes con esta resolución, en julio de 1998 la familia presentó una nueva querella. Al año siguiente, en 1999, se aplicó la figura de “cosa juzgada”, lo que implicaba que el caso no podría reabrirse. Esta resolución fue apelada, y en 2002 la Corte de Apelaciones de Santiago dejó sin efecto el sobreseimiento, ordenando que la investigación continuara.
El 18 de octubre de 1998, se produjo un hecho trascendental: la detención de Augusto Pinochet en Londres, por orden de la Audiencia Nacional española, que investigaba el asesinato y desaparición de ciudadanos españoles en Chile, entre ellos Antonio Llidó. Este proceso judicial comenzó el 4 de julio de 1996 en el Juzgado de Guardia de Valencia, tras las presentaciones del presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la hermana de Antonio Llidó. El Juzgado de Instrucción Nº 8 de Valencia se declaró incompetente, y el caso fue transferido al juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. Posteriormente, la investigación fue asumida por el magistrado Baltasar Garzón, quien, tal como lo había solicitado la UPF, las familias de los desaparecidos y el abogado valenciano Joan Garcés, ordenó la detención de Pinochet y solicitó su extradición.
A finales de octubre de 1998, la Cámara de los Lores, actuando como Tribunal Supremo del Reino Unido, revocó la inmunidad diplomática que un alto tribunal de justicia inglés había concedido previamente a Pinochet. Esta decisión fue histórica en el ámbito de los derechos humanos y, junto con las gestiones diplomáticas de los gobiernos de Chile, Gran Bretaña y España, resultó en la extradición de Pinochet a Chile en marzo de 2000. El 8 de noviembre de 2006, la Corte de Apelaciones de Santiago aprobó el desafuero de Pinochet en relación con las torturas y desaparición de Antonio Llidó, gracias a las gestiones de los abogados de la familia. No obstante, el fallecimiento de Pinochet en diciembre de ese mismo año evitó que fuera juzgado.
Finalmente, tras años de lucha por justicia, el 22 de septiembre de 2008, cuatro de los principales responsables del secuestro, tortura y desaparición de Antonio Llidó fueron condenados a siete años de cárcel: Manuel Contreras, Marcelo Moren Brito, Miguel Krassnoff y Basclay Zapata. Posteriormente, la Corte Suprema de Chile rebajó las condenas a cinco años de prisión y les concedió el beneficio de la libertad vigilada.
